Resumen
Este artículo examina la criminalización de la migración en Sudáfrica a través de un análisis doctrinal y contextual de la legislación migratoria, la protección de los refugiados, la jurisprudencia constitucional, las reformas políticas, la práctica de aplicación de la ley y la doctrina de la crimigración. Sostiene que la gobernanza penal de las migraciones en Sudáfrica no debe entenderse como un giro repentino de un sistema administrativo por lo demás neutro. Refleja, más bien, lógicas punitivas más antiguas, arraigadas en el control de la movilidad del apartheid y del apartheid tardío, reconfiguradas en el orden constitucional contemporáneo mediante delitos basados en el estatus, la detención administrativa, la deportación, la vigilancia y una gobernanza centrada en la coerción.
La contribución central del artículo consiste en mostrar cómo la falla administrativa opera como motor de la gobernanza penal de las migraciones en Sudáfrica. El sistema migratorio no se limita a reaccionar ante la irregularidad. En aspectos importantes, las barreras documentales, la inaccesibilidad de las oficinas de recepción de refugiados, los retrasos acumulados, los permisos vencidos, la corrupción y la debilidad de las vías de regularización producen o prolongan el estatus irregular. Ese estatus adquiere luego relevancia jurídica e institucional a través de categorías como la de « extranjero ilegal », y puede exponer a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados al arresto, la detención, la deportación, la exclusión o la denegación de protección. El artículo traza así una cadena causal entre disfunción administrativa, precariedad documental, clasificación como irregular y coerción.
El artículo define primero la crimigración en el contexto sudafricano y la distingue de la xenofobia, la securitización, la disfunción administrativa y las violaciones generales de derechos. Luego historiza la gobernanza penal de las migraciones trazando las continuidades entre el control de los desplazamientos de la era del apartheid, la Aliens Control Act y la aplicación contemporánea de la legislación migratoria. Examina además la arquitectura jurídica de la gobernanza penal de las migraciones, incluidos los delitos migratorios, la detención según el artículo 34, las facultades de deportación y la protección limitada de los solicitantes de asilo. El artículo analiza asimismo prácticas de aplicación como la operación New Broom, las inspecciones laborales, la verificación biométrica y la Border Management Authority. El artículo sostiene que estos desarrollos conllevan serias implicaciones constitucionales y de derechos humanos, en particular para la dignidad, la igualdad, la libertad, la justicia administrativa, el principio de no devolución, los derechos de los niños, la atención de salud y la educación. Al situar a Sudáfrica en una perspectiva comparada con los Estados Unidos, el artículo muestra tanto la convergencia con las tendencias globales de la crimigración como los rasgos distintivos del caso sudafricano. Concluye que una gobernanza migratoria basada en los derechos exige más que límites a la detención y a la deportación: requiere la reforma de los sistemas administrativos, las categorías jurídicas, los discursos políticos y las prácticas de aplicación mediante los cuales la irregularidad es producida, hecha visible y castigada.